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Según el artículo 1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia
de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas
las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación
de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios
a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad
reglamentaria. La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia
de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todo
el sector público, incluyendo el sancionador y el de reclamación de
responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a
los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad
reglamentaria. La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia
de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas
las Administraciones Públicas, excluyendo el sancionador y el de reclamación
de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios
a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad
reglamentaria. La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos formales de los actos
administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las
Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de
responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a
los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad
reglamentaria. Según el artículo 2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el sector
público comprende: La Administración General del Estado El sector privado institucional El sector público institucional Las respuestas a) y c) son válidas. Según el artículo 2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tienen la
consideración de Administraciones Públicas: Las Administraciones de las Comunidades Autónomas Los organismos públicos y entidades de derecho privado vinculados o
dependientes de las Administraciones Públicas Las Entidades que integran la Administración Local Las respuestas a) y c) son válidas. Según el artículo 3 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tendrán
capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo
a las normas administrativas. Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo
a las normas civiles. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos
e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico con la
asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela En todo caso los grupos de afectados, las uniones y entidades sin
personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. Según el artículo 4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
consideran interesados en el procedimiento administrativo Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan
resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que no
pueden resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Las respuestas a y d son correctas. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar
afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no
haya recaído resolución definitiva. Según el artículo 5 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la
representación en las actuaciones ante las Administraciones Públicas: Los interesados con capacidad de obrar deberán actuar en todo caso por sí
mismos Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de
representante La representación deberá acreditarse en todo caso mediante poder notarial. La representación deberá acreditarse mediante poder notarial o
apoderamiento apud acta. Según el artículo 5 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la
representación en las actuaciones ante las Administraciones Públicas: Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella
representación. Para los actos y gestiones de mero trámite deberá acreditarse la
representación. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o
comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a
derechos en nombre de otra persona, se presumirá la representación. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o
comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a
derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación
mediante poder notarial o apoderamiento apud acta. Según el artículo 5 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a efectos de
acreditar la representación en las actuaciones ante las Administraciones Públicas Se entenderá acreditada la representación realizada mediante
apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o
comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a través
de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de
apoderamientos de la Administración Pública competente Se entenderá acreditada la representación realizada únicamente mediante
apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se
tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o
se subsane el defecto dentro del plazo de tres días que deberá conceder al
efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las
circunstancias del caso así lo requieran. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se
tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o
se subsane el defecto dentro del plazo de cinco días que deberá conceder al
efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las
circunstancias del caso así lo requieran. Según el artículo 6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula
los registros electrónicos de apoderamientos, La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las
Entidades Locales dispondrán de un registro electrónico general de
apoderamientos, en el que deberán inscribirse, únicamente, los de carácter
general otorgados apud acta electrónicamente La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las
Entidades Locales dispondrán de un registro electrónico general de
apoderamientos, en el que deberán inscribirse, al menos, los de carácter
general otorgados apud acta, presencial o electrónicamente Los registros generales de apoderamientos impedirán la existencia de
registros particulares en cada Organismo Las respuestas b y c son correctas. Según el artículo 6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los asientos
que se realicen en los registros electrónicos generales y particulares de
apoderamientos deberán contener, al menos, la siguiente información: Período de tiempo por el cual se otorga el poder y el tipo de poder según las
facultades que otorgue Nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de
identidad, número de identificación fiscal o documento equivalente del
poderdante o del apoderado. Las respuestas a y b son correctas No es necesario que se anote el período de tiempo por el cual se otorga el
poder porque el mismo está determinado legalmente. Según el artículo 6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula
los registros electrónicos de apoderamientos: El apoderamiento «apud acta» se otorgará mediante comparecencia
electrónica en la correspondiente sede electrónica haciendo uso de los
sistemas de firma electrónica previstos en esta Ley, o bien mediante
comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros. Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima
de diez años a contar desde la fecha de inscripción. Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima
de cinco años a contar desde la fecha de la solicitud de inscripción. Las solicitudes de inscripción del poder, de revocación, de prórroga o de
denuncia del mismo deberán dirigirse al registro de la Administración u
Organismo ante la que vaya a tener efectos el poder. Según el artículo 7 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando en
una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a
que den lugar se efectuarán: con cualquiera de los interesados en todo caso con el que figure en primer término con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y,
en su defecto, con cualquiera de ellos. con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y,
en su defecto, con el que figure en primer término. Según el artículo 8 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si durante la
instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad, se advierte la
existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y
directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados
por la resolución que se dicte: se colocarán edictos en el tablón de anuncios de la Administración Pública
que instruye el procedimiento. se colocarán edictos en la sede electrónica de la Administración Pública que
instruye el procedimiento. se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento. se podrá comunicar a dichas personas la tramitación del procedimiento. Según el artículo 9 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula
los sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento, Las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los
interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación
de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las
Administraciones Públicas a través de sistemas basados en certificados
electrónicos cualificados de firma electrónica Las respuestas a, b y d son correctas Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las
Administraciones Públicas a través de sistemas basados en certificados
electrónicos cualificados de sello electrónico. Según el artículo 10 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula
los sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas, Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita
acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento,
así como la integridad e inalterabilidad del documento. Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita
acreditar su identidad. Los interesados deberán firmar a través de cualquier medio electrónico. Las respuestas a y b son correctas. Según el artículo 10 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula
los sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas, en el caso de
que los interesados optaran por relacionarse con las Administraciones Públicas a
través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma: Los sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en
certificados electrónicos cualificados de firma electrónica Los sistemas de sello electrónico cualificado y de sello electrónico avanzado
basados en sellos electrónicos cualificados Los sistemas de sello electrónico cualificado y de sello electrónico avanzado
basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica Los sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en sellos
electrónicos cualificados de firma electrónica. Según el artículo 11 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las
Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de
firma para: Presentar recursos Interponer recursos. Desistir de derecho Renunciar a acciones. Según el artículo 12 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la
asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados: Si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos
necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento
administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público
mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para
ello si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos
necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento
administrativo no podrá ser válidamente realizada por un funcionario público Las Administraciones Públicas deberán garantizar que los interesados
pueden relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos Las respuestas a y c son correctas. Según el artículo 13 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, quienes de
conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones
Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos: A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las
Administraciones Públicas. A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de
acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica
contemplados en esta Ley. Todas son correctas. Según el artículo 14 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula el
derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones
Públicas, Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las
Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a
través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse
a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones
Públicas no podrá ser modificado posteriormente. El medio elegido por las personas jurídicas para comunicarse con las
Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquellas en cualquier
momento. Las personas jurídicas podrán elegir en todo momento si se comunican con
las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones
a través de medios electrónicos o no. Según el artículo 14 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, estarán
obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Las personas físicas Las personas jurídicas. Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y
actuaciones que realicen con ellas en cualquier caso Las respuestas b y c son correctas. Según el artículo 15 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula
las lengua de los procedimientos, La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General
del Estado será en todo caso el castellano La Administración Pública instructora deberá traducir siempre al castellano
los documentos presentados en una lengua cooficial En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las
Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se
ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente. La Administración Pública instructora deberá traducir al castellano los
documentos dirigidos a los interesados aunque estos no lo soliciten
expresamente. Según el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Sólo la Administración General del Estado dispondrá de un Registro
Electrónico General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo
documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano
administrativo En el Registro Electrónico General se deberán anotar la salida de los
documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares. Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que
se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o
que se reciba en cualquier órgano administrativo En el Registro Electrónico General no se podrá anotar la salida de los
documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares. Según el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, El registro electrónico de cada Administración u Organismo podrá emitir si
así se solicita un recibo consistente en una copia autenticada del documento
que se registra El registro electrónico de cada Administración u Organismo emitirá
automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del
documento que se registra, incluyendo la fecha y hora de presentación y el
número de entrada de registro Concluido el trámite de registro de un documento en el registro general
electrónico, los documentos serán cursados en el plazo de tres días a sus
destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el
registro en que hubieran sido recibidas. El registro electrónico de cada Administración u Organismo emitirá
automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del
documento que se registra, incluyendo la fecha de presentación y el número
de entrada de registro. Según el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los
documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones
Públicas podrán presentarse: En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se
establezca. En las oficinas de asistencia en materia de registros. Todas son correctas. Según el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Deberán hacerse efectivos mediante transferencia dirigida a la oficina
pública correspondiente cualesquiera cantidades que haya que satisfacer en
el momento de la presentación de documentos a las Administraciones
Públicas. Los documentos presentados de manera presencial ante las
Administraciones Públicas, podrán ser digitalizados Los documentos presentados de manera presencial ante las
Administraciones Públicas, deberán ser digitalizados Las respuestas a y c son correctas. Según el artículo 17 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula el
archivo de documentos, Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los
documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los
documentos físicos que correspondan a procedimientos finalizados Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que
permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento,
así como su consulta en el plazo de quince años desde su emisión Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que
permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento,
así como su consulta en el plazo de treinta años desde su emisión. Según el artículo 18 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Las personas colaborarán con la Administración en los términos previstos en
la Ley que en cada caso resulte aplicable Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan
identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él tienen el
deber de proporcionárselos a la Administración actuante. Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan
identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él tienen el
derecho de proporcionárselos a la Administración actuante. Las respuestas a y b son correctas. Según el artículo 19 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la
comparecencia de las personas, La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea
presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria cuando así
esté previsto en una norma con rango reglamentario. Las Administraciones Públicas entregarán en todo caso al interesado
certificación acreditativa de la comparecencia. En los casos en que proceda la comparecencia, la correspondiente citación
hará constar expresamente el lugar, fecha, hora, los medios disponibles y
objeto de la comparecencia, así como los efectos de no atenderla. En los casos en que proceda la comparecencia, el correspondiente
emplazamiento hará constar expresamente el lugar, fecha, hora, los medios
disponibles y objeto de la comparecencia, así como los efectos de no
atenderlo. Según el artículo 20 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la
responsabilidad en la tramitación de los procedimientos Los superiores jerárquicos del personal al servicio de las Administraciones
Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos,
serán responsables directos de su tramitación Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las
Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el
despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitación El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su
cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables
directos de su tramitación y podrá adoptar las medidas oportunas para
remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno
de los derechos de los interesados Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. Según el artículo 21 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la
obligación de resolver de la Administración, La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en
todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en
todos los procedimientos iniciados de oficio. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en
todos los procedimientos iniciados a solicitud del interesado. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en
todos los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, a excepción
únicamente de los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o
convenio. Según el artículo 21 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la
obligación de resolver de la Administración, El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el
fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo
máximo, éste será de seis meses Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo
máximo, éste será de tres meses Las respuestas a y c son correctas. Según el artículo 21 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la
obligación de resolver de la Administración, Las Administraciones Públicas podrán informar a los interesados del plazo
máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la
notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que
pueda producir el silencio administrativo. Las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo
establecido para la tramitación de los procedimientos. Las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo
establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de
los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda
producir el silencio administrativo. Las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo
establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de
los actos que les pongan término, sin que en ningún caso se pueda producir
el silencio administrativo. Según el artículo 22 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el transcurso
del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se
podrá suspender en los siguientes casos: Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de
deficiencias o la aportación de documentos Cuando se soliciten informes no preceptivos a un órgano de la misma o
distinta Administración Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o
dirimentes propuestos por la Administración Cuando una Administración Pública requiera a otra para que anule o revise
un acto que entienda que es ilegal y que constituya la base para el que la
primera haya de dictar en el ámbito de sus competencias. Según el artículo 23 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la
ampliación del plazo máximo para resolver y notificar, Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá
ser notificado a los interesados, cabe recurso de alzada. Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá
ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno. Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá
ser notificado a los interesados, cabe recurso de revisión. En cualquier caso el órgano competente para resolver podrá acordar de
manera motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y
notificación. Según el artículo 24 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula el
silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa,
legitima al interesado o interesados para entenderla en todo caso estimada
por silencio administrativo El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa,
legitima al interesado o interesados para entenderla en todo caso
desestimada por silencio administrativo El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa,
legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio
administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de
ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional
aplicable en España establezcan lo contrario El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa,
legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio
administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de
reglamentario o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho
internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Según el artículo 24 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula el
silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos de
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas El sentido del silencio también será desestimatorio en los procedimientos de
impugnación de actos y disposiciones El silencio tendrá efecto estimatorio en los procedimientos de
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas Las respuestas a y b son correctas. Según el artículo 24 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula el
silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, La estimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a
los interesados la interposición del recurso administrativo o contenciosoadministrativo
que resulte procedente. La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de
permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o
contencioso-administrativo que resulte procedente. La desestimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la
consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. Las respuestas a y c son correctas. Según el artículo 24 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula el
silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa
posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser denegatoria del
mismo. En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa
posterior a la producción del acto deberá dictarse de ser confirmatoria del
mismo. En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa
posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin
vinculación alguna al sentido del silencio. En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución
expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración
sin vinculación alguna al sentido del silencio. Según el artículo 24 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula el
silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán
hacer valer únicamente ante la Administración El certificado acreditativo del silencio producido se expedirá de oficio por el
órgano competente para resolver en el plazo de quince días desde que
expire el plazo máximo para resolver el procedimiento El certificado acreditativo del silencio producido se expedirá a instancia del
interesado quien dispondrá de un plazo de quince días para la solicitud
desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento El certificado acreditativo del silencio producido se expedirá de oficio por el
órgano competente para resolver en el plazo de diez días desde que expire
el plazo máximo para resolver el procedimiento. Según el artículo 25 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la
falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio, En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades
sancionadoras y se produzca el vencimiento del plazo máximo establecido
sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se producirá la
caducidad En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades
sancionadoras y se produzca el vencimiento del plazo máximo establecido
sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá
impuesta la sanción En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por
causa imputable al interesado, no se interrumpirá el cómputo del plazo para
resolver y notificar la resolución. Ninguna es correcta. Según el artículo 26 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se entiende
por documentos públicos administrativos Los emitidos por Notarios y Registradores. Únicamente los emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas a
través de medios electrónicos Los válidamente emitidos por los interesados. Los válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas. Según el artículo 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Tendrán la consideración de copia auténtica de un documento público
administrativo o privado las realizadas, cualquiera que sea su soporte, por
los órganos competentes de las Administraciones Públicas en las que quede
garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido. Tendrán la consideración de copia auténtica de un documento privado las
realizadas, cualquiera que sea su soporte, por los propios interesados en las
que quede garantizada la identidad de la persona que ha realizado la copia y
su contenido. Las copias simples tendrán la misma validez y eficacia que los documentos
originales. Las copias auténticas no tendrán la misma validez y eficacia que los
documentos originales. Según el artículo 28 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que trata de
los documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo, Los interesados tienen el deber de aportar documentos que ya se
encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados
por cualquier otra Administración. Los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que
presenten. Las respuestas b y d son correctas Cuando con carácter excepcional, y de acuerdo con lo previsto en esta Ley,
la Administración solicitara al interesado la presentación de un documento
original y éste estuviera en formato papel, el interesado deberá obtener una
copia simple, según los requisitos establecidos en el artículo 27. Según el artículo 28 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la
relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de
la calidad de la copia, las Administraciones podrán, Podrán solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el
interesado, para lo que podrán requerir la exhibición del documento o de la
información original. Deberán solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por
el interesado Iniciar un procedimiento sancionador contra el interesado Archivar el procedimiento. Según el artículo 29 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los términos
y plazos establecidos en ésta u otras leyes, Obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones
Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los
interesados en los mismos. Obligan únicamente a las autoridades y personal al servicio de las
Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos Obligan únicamente a los interesados en los asuntos. No obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones
Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, ni a los interesados
en los mismos. El artículo 30 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece
que cuando los plazos se señalen por horas, Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil. No podrán tener una duración superior a doce horas, en cuyo caso se
expresarán en días. Son hábiles todas las horas de cualquier día. La ley no regula el computo de plazos por horas. El artículo 30 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece
que cuando los plazos se señalan por días, Los plazos expresados en días se contarán a partir del día en que tenga
lugar la notificación o publicación del acto de que se trate Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados,
los domingos y los declarados festivos. Se entiende que éstos son naturales, excluyéndose del cómputo los sábados,
los domingos y los declarados festivos. Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos
y los declarados festivos. El artículo 30 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece
que cuando los plazos se señalan por meses o años Estos se computarán a partir del día en que tenga lugar la notificación o
publicación del acto de que se trate, Estos se computarán a partir del mes siguiente a aquel en que tenga lugar la
notificación o publicación del acto de que se trate El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación
o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento El plazo concluirá al día siguiente en que se produjo la notificación,
publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. El artículo 30 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece
que cuando los plazos se señalan por meses o años, Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que
comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del
mes. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al
primer día hábil siguiente. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá hábil a efectos del
procedimiento. Las respuestas a y b son correctas. El artículo 30 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece
que cuando los plazos se señalan por meses o años, Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que
residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la
inversa, se considerará inhábil en todo caso. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que
residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la
inversa, se considerará hábil en todo caso. Cuando un día fuese inhábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que
residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la
inversa, se estará al carácter que tenga en el municipio o Comunidad
Autónoma. Ninguna es correcta. Según el artículo 31 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el registro
electrónico de cada Administración u Organismo: Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las
veinticuatro horas. Permitirá la presentación de documentos los días hábiles del año durante las
veinticuatro horas. Se regirá a efectos de cómputo de los plazos, por la fecha y hora oficial de la
sede electrónica de acceso Las respuestas a y c son correctas. El artículo 32 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la
ampliación de los plazos en los procedimientos administrativos, establece que, La Administración, salvo precepto en contrario, deberá conceder de oficio,
una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los
mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican
derechos de tercero. La Administración, salvo precepto en contrario, deberá conceder a petición
de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda
de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se
perjudican derechos de tercero. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a
petición de los interesados, una ampliación o reducción de los plazos
establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias
lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. El artículo 32 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la
ampliación de los plazos en los procedimientos administrativos, establece que, Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación serán
susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolución que
ponga fin al procedimiento. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán
susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolución que
ponga fin al procedimiento. Los acuerdos sobre denegación serán susceptibles de recurso En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo. El artículo 32 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece
que, cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario
del sistema o aplicación que corresponda, y hasta que se solucione el problema, la
Administración Deberá determinar una ampliación de los plazos no vencidos, Podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos, No podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos, Ampliará automáticamente por cinco días los plazos no vencidos. El artículo 33 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece
que, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado se acordará de oficio cuando razones de interés público lo aconsejen se acordará a petición del interesado cuando razones de interés público lo
aconsejen se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado cuando una norma con
rango de ley así lo establezca. El artículo 33 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece
que, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario,
salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario,
incluidos los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. Podrá recurrirse en alzada contra el acuerdo que declare la aplicación de la
tramitación de urgencia al procedimiento, Las respuestas a y b son correctas. El artículo 34 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la
producción y contenido de los actos administrativos, establece que El contenido de los actos se podrá ajustar a lo dispuesto por el ordenamiento
jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos. El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por normas con rango de
ley y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos. Las respuestas a y b son correctas se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al
procedimiento establecido. El artículo 35 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la
motivación de los actos administrativos, establece que, serán motivados: Todos los actos administrativos Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o
del dictamen de órganos consultivos. Las respuestas b y c son correctas. El artículo 35 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la
motivación de los actos administrativos, establece que, serán motivados: Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de
plazos y de realización de actuaciones complementarias. Los que acuerden el allanamiento por la Administración en procedimientos
iniciados de oficio Los actos que admitan pruebas propuestas por los interesados. Las respuestas a y b son correctas. El artículo 35 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la
motivación de los actos administrativos, establece que, serán motivados: Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador Los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador Los actos que resuelvan procedimientos de responsabilidad patrimonial Todas son correctas. El artículo 36 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la
forma de los actos administrativos, establece que los actos administrativos se
producirán: Verbalmente a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de
expresión y constancia. En todo caso por escrito. Por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija
otra forma más adecuada de expresión y constancia. Verbalmente, sin perjuicio de ser posteriormente documentados
necesariamente. El artículo 37 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la
eficacia de los actos administrativos, establece que: Las resoluciones administrativas de carácter particular podrán vulnerar lo
establecido en una disposición de carácter general si procedan de un órgano
de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en
una disposición reglamentaria Son anulables las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido
en una disposición reglamentaria Las respuestas a y b son correctas. El artículo 38 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la
ejecutividad de los actos administrativos, establece que: Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo
no serán ejecutivos. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Civil serán
ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta Ley. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo
serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta Ley. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo
serán ejecutivos si los Juzgados o tribunales así lo declaran. El artículo 39 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular los
efectos de los actos administrativos, establece que: Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo
se presumirán válidos y producirán efectos desde el día siguiente a la fecha
en que se dicten Excepcionalmente, deberá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando
produzcan efectos favorables al interesado Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando
produzcan efectos desfavorables al interesado Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se
dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos
favorables al interesado. El artículo 40 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular las
notificaciones, establece que toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo
de: diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado veinte días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado cinco días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. El artículo 40 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular las
notificaciones, establece que: el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía
administrativa la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa
o judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para
interponerlos la parte dispositiva de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la
vía administrativa las respuestas a y b son correctas. El artículo 40 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular las
notificaciones, establece que las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del
acto, omitiesen alguno de los demás requisitos: serán nulas serán anulables no es necesario que la notificación contenga el texto íntegro del acto surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones
que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o
acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda. El artículo 41 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular las
condiciones generales para la práctica de las notificaciones, establece que: Las notificaciones se practicarán preferentemente mediante comparecencia
y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta
vía. Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y,
en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. Las notificaciones se practicarán preferentemente en el domicilio del
interesado. Las notificaciones se practicarán preferentemente por correo certificado con
acuse de recibo. El artículo 41 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular las
condiciones generales para la práctica de las notificaciones, establece que las
Administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no electrónicos en
los siguientes supuestos: Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia
espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia
en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en
ese momento. En cualquier caso aunque los interesados estén obligados a recibir
notificaciones electrónicas Cuando se trate de la notificación a una persona jurídica Ninguna es correcta. El artículo 41 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular las
condiciones generales para la práctica de las notificaciones, establece que las
notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de: su envío o puesta a disposición de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas
y horas, del contenido íntegro de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. todas son correctas. El artículo 41 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular las
condiciones generales para la práctica de las notificaciones, establece que en
ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las siguientes notificaciones: Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que
no sean susceptibles de conversión en formato electrónico. Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como
cheques. Las respuestas a y b son correctas Ninguna es correcta. El artículo 41 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular las
condiciones generales para la práctica de las notificaciones, establece que en los
procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará: Por el medio señalado al efecto por la Administración. De forma electrónica en los casos en los que exista obligación de
relacionarse de esta forma con la Administración De forma personal o electrónica en los casos en los que exista obligación de
relacionarse de forma electrónica con la Administración Las respuestas a y b son correctas. El artículo 41 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular las
condiciones generales para la práctica de las notificaciones, establece que cuando el
interesado o su representante rechace la notificación de una actuación
administrativa: Se deberá volver a intentar la notificación una vez más. Se publicará la misma en el boletín oficial de su provincia Se dará por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento. Se le enviará la misma por medios electrónicos. El artículo 41 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular las
condiciones generales para la práctica de las notificaciones, establece que cuando el
interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de
notificación: La de aquélla que se hubiera producido en último lugar La de aquélla que se hubiera practicado personalmente La de aquélla que se hubiera practicado por medios electrónicos La de aquélla que se hubiera producido en primer lugar. El artículo 42 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la
práctica de las notificaciones en papel, establece que cuando la notificación se
practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el
momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma: cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y
haga constar su identidad cualquier persona mayor de dieciséis años que se encuentre en el domicilio y
haga constar su identidad cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el domicilio
y haga constar su identidad un familiar o persona con la que conviva mayor de catorce años que se
encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. El artículo 42 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la
práctica de las notificaciones en papel, establece que cuando la notificación se
practique en el domicilio del interesado, si nadie se hiciera cargo de la notificación: se repetirá por una sola vez y a la misma hora dentro de los tres días
siguientes. se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los cinco días
siguientes. se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días
siguientes. En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado
antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse después de
las quince horas y viceversa se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días
siguientes. En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado
antes de las catorce horas, el segundo intento deberá realizarse después de
las catorce horas y viceversa. El artículo 43 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la,
práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos, establece que las
notificaciones por medios electrónicos se practicarán: Mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u
Organismo actuante A través de la dirección electrónica habilitada única Exclusivamente mediante comparecencia en la sede electrónica de la
Administración u Organismo actuante Las respuestas a y b son correctas. El artículo 43 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la,
práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos, establece que se
entiende por comparecencia en la sede electrónica: El acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al
contenido de la notificación La comparecencia personal por el interesado o su representante
debidamente identificado en la sede de la Administración La recepción por el interesado o su representante del aviso de notificación
en su dispositivo Las respuestas a y c son correctas. El artículo 43 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la,
práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos, establece que cuando
la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido
expresamente elegida por el interesado: se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido siete días naturales
desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su
contenido. se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde
la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde
la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido siete días hábiles desde
la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. El artículo 43 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la,
práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos, establece que: Los interesados deberán acceder a las notificaciones desde el Punto de
Acceso General electrónico de la Administración Los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso
General electrónico de la Administración Los interesados no podrán acceder a las notificaciones desde el Punto de
Acceso General electrónico de la Administración Los interesados no deberán acceder a las notificaciones desde el Punto de
Acceso General electrónico de la Administración. El artículo 44 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la
notificación infructuosa, establece que cuando los interesados en un procedimiento
sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se
hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de: un anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
correspondiente un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado. un anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente un anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio del interesado. El artículo 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la
publicación de los actos administrativos, establece que, en todo caso, los actos
administrativos serán objeto de publicación, surtiendo ésta los efectos de la
notificación, en los siguientes casos: Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de
personas Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad determinada de
personas Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de
concurrencia competitiva de cualquier tipo Las respuestas a y c son correctas. El artículo 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece
que la publicación de los actos administrativos se realizará: En el diario oficial que corresponda, según cuál sea la Administración de la
que proceda el acto a notificar En el boletín oficial del Estado en todo caso En el boletín oficial de la Comunidad Autónoma correspondiente en todo
caso En el boletín oficial de la provincia correspondiente en todo caso. El artículo 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la
indicación de notificaciones y publicaciones, establece que si el órgano competente
apreciase que la notificación por medio de anuncios o la publicación de un acto
lesiona derechos o intereses legítimos: Se limitará a publicar en el Boletín Oficial del Estado una somera indicación
del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer,
en el plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del
mencionado acto y constancia de tal conocimiento. En se limitará a publicar en el Diario oficial que corresponda una somera
indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán
comparecer, en el plazo que se establezca, para conocimiento del contenido
íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. No hará publicación alguna del contenido del acto. Ninguna es correcta. El artículo 47 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece
que los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los
casos siguientes: Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la
materia o del territorio. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento
legalmente establecido Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los
que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos
esenciales para su adquisición. Todas son correctas. El artículo 47 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece
que serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren: La Constitución Las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior Todas son correctas Ninguna es correcta. El artículo 48 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece al
regular la anulabilidad de los actos administrativos que: Los defectos de forma en ningún caso determinarán la anulabilidad de un
acto administrativo. El defecto de forma determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de
cualquier requisito formal. El defecto de forma sólo determinará la nulidad cuando el acto carezca de
los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la
indefensión de los interesados. El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca
de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la
indefensión de los interesados. El artículo 48 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece al
regular la anulabilidad de los actos administrativos que la realización de actuaciones
administrativas fuera del tiempo establecido para ellas: Sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza
del término o plazo Implicará la anulabilidad del acto en todo caso Sólo implicará la nulidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del
término o plazo Implicará la nulidad del acto en todo caso. El artículo 49 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular los
límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad de los actos, establece que: La nulidad de un acto implicará la de los sucesivos en el procedimiento
aunque sean independientes del primero. La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los anteriores en el
procedimiento que sean independientes del primero. Sólo la anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el
procedimiento que sean independientes del primero. La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el
procedimiento que sean independientes del primero. El artículo 49 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular los
límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad de los actos, establece que la
nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes
del mismo independientes de aquélla: Salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto
administrativo no hubiera sido dictado En ningún caso. Salvo que la parte viciada sea de carácter accesorio. Ninguna es correcta. El artículo 50 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la
conversión de actos viciados, establece que: Está prohibida en todo caso la conversión de actos viciados Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos
constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste Sólo los actos anulables que, sin embargo, contengan los elementos
constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos
constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste si así lo declaran
los Juzgados y Tribunales. El artículo 51 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la
conservación de actos y trámites, establece que el órgano que declare la nulidad o
anule las actuaciones dispondrá siempre: La nulidad o anulabilidad de aquellos actos y trámites cuyo contenido se
hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. La anulabilidad de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera
mantenido igual de no haberse cometido la infracción. La conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera
mantenido igual de no haberse cometido la infracción. La conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido hubiese sido
diferente de no haberse cometido la infracción. El artículo 52 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la
convalidación de los actos, establece que: La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los
vicios de que adolezcan La Administración deberá convalidar los actos anulables, subsanando los
vicios de que adolezcan La Administración podrá convalidar los actos nulos, subsanando los vicios de
que adolezcan Los Juzgados y Tribunales podrán convalidar los actos nulos, subsanando los
vicios de que adolezcan.
