TEM02

Según el artículo 1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,. La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todo el sector público, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, excluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos formales de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.

Según el artículo 2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el sector público comprende: La Administración General del Estado. El sector privado institucional. El sector público institucional. Las respuestas a) y c) son válidas.

Según el artículo 2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tienen la consideración de Administraciones Públicas: Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. Los organismos públicos y entidades de derecho privado vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. Las Entidades que integran la Administración Local. Las respuestas a) y c) son válidas.

Según el artículo 3 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas administrativas. Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico con la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. En todo caso los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.

Según el artículo 4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se consideran interesados en el procedimiento administrativo. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que no pueden resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Las respuestas a y d son correctas. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

Según el artículo 5 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la representación en las actuaciones ante las Administraciones Públicas: Los interesados con capacidad de obrar deberán actuar en todo caso por sí mismos. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante. La representación deberá acreditarse en todo caso mediante poder notarial. La representación deberá acreditarse mediante poder notarial o apoderamiento apud acta.

Según el artículo 5 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la representación en las actuaciones ante las Administraciones Públicas: Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación. Para los actos y gestiones de mero trámite deberá acreditarse la representación. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, se presumirá la representación. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación mediante poder notarial o apoderamiento apud acta.

Según el artículo 5 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a efectos de acreditar la representación en las actuaciones ante las Administraciones Públicas. Se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente. Se entenderá acreditada la representación realizada únicamente mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de tres días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de cinco días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.

Según el artículo 6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula los registros electrónicos de apoderamientos,. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos, en el que deberán inscribirse, únicamente, los de carácter general otorgados apud acta electrónicamente. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos, en el que deberán inscribirse, al menos, los de carácter general otorgados apud acta, presencial o electrónicamente. Los registros generales de apoderamientos impedirán la existencia de registros particulares en cada Organismo. Las respuestas b y c son correctas.

Según el artículo 6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los asientos que se realicen en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán contener, al menos, la siguiente información: Período de tiempo por el cual se otorga el poder y el tipo de poder según las facultades que otorgue. Nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal o documento equivalente del poderdante o del apoderado. Las respuestas a y b son correctas. No es necesario que se anote el período de tiempo por el cual se otorga el poder porque el mismo está determinado legalmente.

Según el artículo 6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula los registros electrónicos de apoderamientos: El apoderamiento «apud acta» se otorgará mediante comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos en esta Ley, o bien mediante comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros. Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de diez años a contar desde la fecha de inscripción. Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de la solicitud de inscripción. Las solicitudes de inscripción del poder, de revocación, de prórroga o de denuncia del mismo deberán dirigirse al registro de la Administración u Organismo ante la que vaya a tener efectos el poder.

Según el artículo 7 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán: con cualquiera de los interesados. en todo caso con el que figure en primer término. con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con cualquiera de ellos. con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer término.

Según el artículo 8 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad, se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte: se colocarán edictos en el tablón de anuncios de la Administración Pública que instruye el procedimiento. se colocarán edictos en la sede electrónica de la Administración Pública que instruye el procedimiento. se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento. se podrá comunicar a dichas personas la tramitación del procedimiento.

Según el artículo 9 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula los sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento,. Las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda. Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica. Las respuestas a, b y d son correctas. Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico.

Según el artículo 10 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula los sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas,. Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento. Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar su identidad. Los interesados deberán firmar a través de cualquier medio electrónico. Las respuestas a y b son correctas.

Según el artículo 10 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula los sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas, en el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma: Los sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica. Los sistemas de sello electrónico cualificado y de sello electrónico avanzado basados en sellos electrónicos cualificados. Los sistemas de sello electrónico cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica. Los sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en sellos electrónicos cualificados de firma electrónica.

Según el artículo 11 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para: Presentar recursos. Interponer recursos. Desistir de derecho. Renunciar a acciones.

Según el artículo 12 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados: Si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo no podrá ser válidamente realizada por un funcionario público. Las Administraciones Públicas deberán garantizar que los interesados pueden relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos. Las respuestas a y c son correctas.

Según el artículo 13 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos: A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley. Todas son correctas.

Según el artículo 14 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula el derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas,. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas no podrá ser modificado posteriormente. El medio elegido por las personas jurídicas para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquellas en cualquier momento. Las personas jurídicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no.

Según el artículo 14 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones. Las personas físicas. Las personas jurídicas. Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas en cualquier caso. Las respuestas b y c son correctas.

Según el artículo 15 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula las lengua de los procedimientos,. La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será en todo caso el castellano. La Administración Pública instructora deberá traducir siempre al castellano los documentos presentados en una lengua cooficial. En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente. La Administración Pública instructora deberá traducir al castellano los documentos dirigidos a los interesados aunque estos no lo soliciten expresamente.

Según el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,. Sólo la Administración General del Estado dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo. En el Registro Electrónico General se deberán anotar la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares. Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo. En el Registro Electrónico General no se podrá anotar la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares.

Según el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,. El registro electrónico de cada Administración u Organismo podrá emitir si así se solicita un recibo consistente en una copia autenticada del documento que se registra. El registro electrónico de cada Administración u Organismo emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del documento que se registra, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro. Concluido el trámite de registro de un documento en el registro general electrónico, los documentos serán cursados en el plazo de tres días a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas. El registro electrónico de cada Administración u Organismo emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del documento que se registra, incluyendo la fecha de presentación y el número de entrada de registro.

Según el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse: En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan. En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. En las oficinas de asistencia en materia de registros. Todas son correctas.

Según el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,. Deberán hacerse efectivos mediante transferencia dirigida a la oficina pública correspondiente cualesquiera cantidades que haya que satisfacer en el momento de la presentación de documentos a las Administraciones Públicas. Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas, podrán ser digitalizados. Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas, deberán ser digitalizados. Las respuestas a y c son correctas.

Según el artículo 17 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula el archivo de documentos,. Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados. Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos físicos que correspondan a procedimientos finalizados. Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta en el plazo de quince años desde su emisión. Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta en el plazo de treinta años desde su emisión.

Según el artículo 18 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,. Las personas colaborarán con la Administración en los términos previstos en la Ley que en cada caso resulte aplicable. Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante. Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él tienen el derecho de proporcionárselos a la Administración actuante. Las respuestas a y b son correctas.

Según el artículo 19 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la comparecencia de las personas,. La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango reglamentario. Las Administraciones Públicas entregarán en todo caso al interesado certificación acreditativa de la comparecencia. En los casos en que proceda la comparecencia, la correspondiente citación hará constar expresamente el lugar, fecha, hora, los medios disponibles y objeto de la comparecencia, así como los efectos de no atenderla. En los casos en que proceda la comparecencia, el correspondiente emplazamiento hará constar expresamente el lugar, fecha, hora, los medios disponibles y objeto de la comparecencia, así como los efectos de no atenderlo.

Según el artículo 20 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la responsabilidad en la tramitación de los procedimientos. Los superiores jerárquicos del personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitación. Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitación. El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitación y podrá adoptar las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

Según el artículo 21 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la obligación de resolver de la Administración,. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos iniciados de oficio. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos iniciados a solicitud del interesado. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, a excepción únicamente de los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio.

Según el artículo 21 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la obligación de resolver de la Administración,. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de seis meses. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses. Las respuestas a y c son correctas.

Según el artículo 21 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la obligación de resolver de la Administración,. Las Administraciones Públicas podrán informar a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la tramitación de los procedimientos. Las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, sin que en ningún caso se pueda producir el silencio administrativo.

Según el artículo 22 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos: Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos. Cuando se soliciten informes no preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración. Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por la Administración. Cuando una Administración Pública requiera a otra para que anule o revise un acto que entienda que es ilegal y que constituya la base para el que la primera haya de dictar en el ámbito de sus competencias.

Según el artículo 23 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la ampliación del plazo máximo para resolver y notificar,. Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, cabe recurso de alzada. Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno. Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, cabe recurso de revisión. En cualquier caso el órgano competente para resolver podrá acordar de manera motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación.

Según el artículo 24 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula el silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado,. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla en todo caso estimada por silencio administrativo. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla en todo caso desestimada por silencio administrativo. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de reglamentario o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario.

Según el artículo 24 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula el silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado,. El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. El sentido del silencio también será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones. El silencio tendrá efecto estimatorio en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Las respuestas a y b son correctas.

Según el artículo 24 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula el silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado,. La estimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contenciosoadministrativo que resulte procedente. La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente. La desestimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. Las respuestas a y c son correctas.

Según el artículo 24 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula el silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado,. En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser denegatoria del mismo. En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto deberá dictarse de ser confirmatoria del mismo. En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio. En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.

Según el artículo 24 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula el silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado,. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer únicamente ante la Administración. El certificado acreditativo del silencio producido se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. El certificado acreditativo del silencio producido se expedirá a instancia del interesado quien dispondrá de un plazo de quince días para la solicitud desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. El certificado acreditativo del silencio producido se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de diez días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento.

Según el artículo 25 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio,. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras y se produzca el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se producirá la caducidad. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras y se produzca el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá impuesta la sanción. En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, no se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución. Ninguna es correcta.

Según el artículo 26 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se entiende por documentos públicos administrativos. Los emitidos por Notarios y Registradores. Únicamente los emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos. Los válidamente emitidos por los interesados. Los válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas.

Según el artículo 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,. Tendrán la consideración de copia auténtica de un documento público administrativo o privado las realizadas, cualquiera que sea su soporte, por los órganos competentes de las Administraciones Públicas en las que quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido. Tendrán la consideración de copia auténtica de un documento privado las realizadas, cualquiera que sea su soporte, por los propios interesados en las que quede garantizada la identidad de la persona que ha realizado la copia y su contenido. Las copias simples tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales. Las copias auténticas no tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales.

Según el artículo 28 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que trata de los documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo,. Los interesados tienen el deber de aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. Los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten. Las respuestas b y d son correctas. Cuando con carácter excepcional, y de acuerdo con lo previsto en esta Ley, la Administración solicitara al interesado la presentación de un documento original y éste estuviera en formato papel, el interesado deberá obtener una copia simple, según los requisitos establecidos en el artículo 27.

Según el artículo 28 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, las Administraciones podrán,. Podrán solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el interesado, para lo que podrán requerir la exhibición del documento o de la información original. Deberán solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el interesado. Iniciar un procedimiento sancionador contra el interesado. Archivar el procedimiento.

Según el artículo 29 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los términos y plazos establecidos en ésta u otras leyes,. Obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos. Obligan únicamente a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos. Obligan únicamente a los interesados en los asuntos. No obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, ni a los interesados en los mismos.

El artículo 30 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que cuando los plazos se señalen por horas,. Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil. No podrán tener una duración superior a doce horas, en cuyo caso se expresarán en días. Son hábiles todas las horas de cualquier día. La ley no regula el computo de plazos por horas.

El artículo 30 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que cuando los plazos se señalan por días,. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate. Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Se entiende que éstos son naturales, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos.

El artículo 30 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que cuando los plazos se señalan por meses o años. Estos se computarán a partir del día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate,. Estos se computarán a partir del mes siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate. El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. El plazo concluirá al día siguiente en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento.

El artículo 30 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que cuando los plazos se señalan por meses o años,. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá hábil a efectos del procedimiento. Las respuestas a y b son correctas.

El artículo 30 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que cuando los plazos se señalan por meses o años,. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará hábil en todo caso. Cuando un día fuese inhábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se estará al carácter que tenga en el municipio o Comunidad Autónoma. Ninguna es correcta.

Según el artículo 31 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el registro electrónico de cada Administración u Organismo: Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas. Permitirá la presentación de documentos los días hábiles del año durante las veinticuatro horas. Se regirá a efectos de cómputo de los plazos, por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso. Las respuestas a y c son correctas.

El artículo 32 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la ampliación de los plazos en los procedimientos administrativos, establece que,. La Administración, salvo precepto en contrario, deberá conceder de oficio, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. La Administración, salvo precepto en contrario, deberá conceder a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación o reducción de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido.

El artículo 32 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la ampliación de los plazos en los procedimientos administrativos, establece que,. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación serán susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento. Los acuerdos sobre denegación serán susceptibles de recurso. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo.

El artículo 32 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que, cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda, y hasta que se solucione el problema, la Administración. Deberá determinar una ampliación de los plazos no vencidos,. Podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos,. No podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos,. Ampliará automáticamente por cinco días los plazos no vencidos.

El artículo 33 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia,. se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado. se acordará de oficio cuando razones de interés público lo aconsejen. se acordará a petición del interesado cuando razones de interés público lo aconsejen. se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado cuando una norma con rango de ley así lo establezca.

El artículo 33 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia,. reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, incluidos los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. Podrá recurrirse en alzada contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento,. Las respuestas a y b son correctas.

El artículo 34 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la producción y contenido de los actos administrativos, establece que. El contenido de los actos se podrá ajustar a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos. El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por normas con rango de ley y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos. Las respuestas a y b son correctas. se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido.

El artículo 35 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la motivación de los actos administrativos, establece que, serán motivados: Todos los actos administrativos. Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. Las respuestas b y c son correctas.

El artículo 35 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la motivación de los actos administrativos, establece que, serán motivados: Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias. Los que acuerden el allanamiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio. Los actos que admitan pruebas propuestas por los interesados. Las respuestas a y b son correctas.

El artículo 35 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la motivación de los actos administrativos, establece que, serán motivados: Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador. Los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador. Los actos que resuelvan procedimientos de responsabilidad patrimonial. Todas son correctas.

El artículo 36 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la forma de los actos administrativos, establece que los actos administrativos se producirán: Verbalmente a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. En todo caso por escrito. Por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. Verbalmente, sin perjuicio de ser posteriormente documentados necesariamente.

El artículo 37 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la eficacia de los actos administrativos, establece que: Las resoluciones administrativas de carácter particular podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general si procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria. Son anulables las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria. Las respuestas a y b son correctas.

El artículo 38 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la ejecutividad de los actos administrativos, establece que: Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo no serán ejecutivos. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Civil serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta Ley. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta Ley. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos si los Juzgados o tribunales así lo declaran.

El artículo 39 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular los efectos de los actos administrativos, establece que: Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde el día siguiente a la fecha en que se dicten. Excepcionalmente, deberá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando produzcan efectos favorables al interesado. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando produzcan efectos desfavorables al interesado. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado.

El artículo 40 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular las notificaciones, establece que toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de: diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. veinte días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. cinco días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

El artículo 40 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular las notificaciones, establece que: el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa. la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa o judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos. la parte dispositiva de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa. las respuestas a y b son correctas.

El artículo 40 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular las notificaciones, establece que las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los demás requisitos: serán nulas. serán anulables. no es necesario que la notificación contenga el texto íntegro del acto. surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda.

El artículo 41 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular las condiciones generales para la práctica de las notificaciones, establece que: Las notificaciones se practicarán preferentemente mediante comparecencia y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. Las notificaciones se practicarán preferentemente en el domicilio del interesado. Las notificaciones se practicarán preferentemente por correo certificado con acuse de recibo.

El artículo 41 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular las condiciones generales para la práctica de las notificaciones, establece que las Administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no electrónicos en los siguientes supuestos: Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento. En cualquier caso aunque los interesados estén obligados a recibir notificaciones electrónicas. Cuando se trate de la notificación a una persona jurídica. Ninguna es correcta.

El artículo 41 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular las condiciones generales para la práctica de las notificaciones, establece que las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de: su envío o puesta a disposición. de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro. de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. todas son correctas.

El artículo 41 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular las condiciones generales para la práctica de las notificaciones, establece que en ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las siguientes notificaciones: Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico. Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques. Las respuestas a y b son correctas. Ninguna es correcta.

El artículo 41 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular las condiciones generales para la práctica de las notificaciones, establece que en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará: Por el medio señalado al efecto por la Administración. De forma electrónica en los casos en los que exista obligación de relacionarse de esta forma con la Administración. De forma personal o electrónica en los casos en los que exista obligación de relacionarse de forma electrónica con la Administración. Las respuestas a y b son correctas.

El artículo 41 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular las condiciones generales para la práctica de las notificaciones, establece que cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa: Se deberá volver a intentar la notificación una vez más. Se publicará la misma en el boletín oficial de su provincia. Se dará por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento. Se le enviará la misma por medios electrónicos.

El artículo 41 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular las condiciones generales para la práctica de las notificaciones, establece que cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación: La de aquélla que se hubiera producido en último lugar. La de aquélla que se hubiera practicado personalmente. La de aquélla que se hubiera practicado por medios electrónicos. La de aquélla que se hubiera producido en primer lugar.

El artículo 42 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la práctica de las notificaciones en papel, establece que cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma: cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. cualquier persona mayor de dieciséis años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. un familiar o persona con la que conviva mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.

El artículo 42 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la práctica de las notificaciones en papel, establece que cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, si nadie se hiciera cargo de la notificación: se repetirá por una sola vez y a la misma hora dentro de los tres días siguientes. se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los cinco días siguientes. se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse después de las quince horas y viceversa. se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las catorce horas, el segundo intento deberá realizarse después de las catorce horas y viceversa.

El artículo 43 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la, práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos, establece que las notificaciones por medios electrónicos se practicarán: Mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante. A través de la dirección electrónica habilitada única. Exclusivamente mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante. Las respuestas a y b son correctas.

El artículo 43 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la, práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos, establece que se entiende por comparecencia en la sede electrónica: El acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido de la notificación. La comparecencia personal por el interesado o su representante debidamente identificado en la sede de la Administración. La recepción por el interesado o su representante del aviso de notificación en su dispositivo. Las respuestas a y c son correctas.

El artículo 43 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la, práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos, establece que cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado: se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido siete días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido siete días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

El artículo 43 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la, práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos, establece que: Los interesados deberán acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso General electrónico de la Administración. Los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso General electrónico de la Administración. Los interesados no podrán acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso General electrónico de la Administración. Los interesados no deberán acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso General electrónico de la Administración.

El artículo 44 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la notificación infructuosa, establece que cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de: un anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma correspondiente. un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado. un anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente. un anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado.

El artículo 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la publicación de los actos administrativos, establece que, en todo caso, los actos administrativos serán objeto de publicación, surtiendo ésta los efectos de la notificación, en los siguientes casos: Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas. Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad determinada de personas. Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. Las respuestas a y c son correctas.

El artículo 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que la publicación de los actos administrativos se realizará: En el diario oficial que corresponda, según cuál sea la Administración de la que proceda el acto a notificar. En el boletín oficial del Estado en todo caso. En el boletín oficial de la Comunidad Autónoma correspondiente en todo caso. En el boletín oficial de la provincia correspondiente en todo caso.

El artículo 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la indicación de notificaciones y publicaciones, establece que si el órgano competente apreciase que la notificación por medio de anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos: Se limitará a publicar en el Boletín Oficial del Estado una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. En se limitará a publicar en el Diario oficial que corresponda una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. No hará publicación alguna del contenido del acto. Ninguna es correcta.

El artículo 47 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. Todas son correctas.

El artículo 47 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren: La Constitución. Las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior. Todas son correctas. Ninguna es correcta.

El artículo 48 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece al regular la anulabilidad de los actos administrativos que: Los defectos de forma en ningún caso determinarán la anulabilidad de un acto administrativo. El defecto de forma determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de cualquier requisito formal. El defecto de forma sólo determinará la nulidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

El artículo 48 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece al regular la anulabilidad de los actos administrativos que la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas: Sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. Implicará la anulabilidad del acto en todo caso. Sólo implicará la nulidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. Implicará la nulidad del acto en todo caso.

El artículo 49 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular los límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad de los actos, establece que: La nulidad de un acto implicará la de los sucesivos en el procedimiento aunque sean independientes del primero. La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los anteriores en el procedimiento que sean independientes del primero. Sólo la anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero. La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero.

El artículo 49 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular los límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad de los actos, establece que la nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquélla: Salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado. En ningún caso. Salvo que la parte viciada sea de carácter accesorio. Ninguna es correcta.

El artículo 50 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la conversión de actos viciados, establece que: Está prohibida en todo caso la conversión de actos viciados. Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste. Sólo los actos anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste. Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste si así lo declaran los Juzgados y Tribunales.

El artículo 51 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la conservación de actos y trámites, establece que el órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre: La nulidad o anulabilidad de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. La anulabilidad de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. La conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. La conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido hubiese sido diferente de no haberse cometido la infracción.

El artículo 52 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la convalidación de los actos, establece que: La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan. La Administración deberá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan. La Administración podrá convalidar los actos nulos, subsanando los vicios de que adolezcan. Los Juzgados y Tribunales podrán convalidar los actos nulos, subsanando los vicios de que adolezcan.